Vía libre para aumentar el dragado del río Paraná y mejorar su navegabilidad
En rigor, se trata de la renegociación del contrato original alterado por la devaluación de 2002, cuya actualización demoró más que las del resto de las concesiones.
El contrato que se firma hoy a las 17 entre el Estado y la compañía que preside el empresario Gabriel Romero (con socios europeos) se acordó en la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Unirem), obtuvo luego el ok de la Comisión Bicameral del Congreso, logró dictamen favorable de la Procuración del Tesoro y hasta pasó el test de la audiencia pública, realizada en febrero del año pasado.
Los principales puntos son los siguientes:
Se extiende el plazo del contrato por un término de ocho años, hasta el año 2021 “para compensar la desarticulación de la ecuación económica financiera” que provocó la devaluación.
Quedan eliminados los aportes financieros por parte del Estado Nacional (u$s 40M al año que no se le pagan desde finales del gobierno de la Alianza y estaban previstos en el contrato original). Extraoficialmente circula que la extensión del plazo sería en parte de pago por la deuda contraída por el Estado con la empresa.
Hidrovía realizará el acondicionamiento del río en el tramo Santa Fe-Confluencia. Los primeros tres años el gobierno lo pagará (peaje 0) pagando $37.5 M. Luego, la empresa tiene vía libre para costear las obras con el peaje, si es que el tránsito lo justifica. Incluso, para ese período puede haber un nuevo esquema: cobrar peaje, mixto (peaje y subsidio) o seguir con el subsidio oficial, si el gobierno así lo quiere. Lo cierto es que la empresa tiene 18 meses para encarar ese acondicionamiento.
De todas las entidades vinculadas al transporte fluvial, sólo la Cámara Naviera (que tiene como jugador fuerte a la barcacera UABL) hizo algunas objeciones técnicas sobre el balizamiento proyectado en ese tramo y es por eso que la Bolsa de Comercio de Rosario, cuando se hizo la audiencia pública, recomendó escuchar las recomendaciones de prácticos y navegantes, sugerencias que aseguran desde Hidrovía se cumplieron.
Para el tramo de Puerto San Martín al océano, que está dragado a 34 pies, sigue la misma tarifa. Para el transporte internacional, una tarifa de U$S 2,25 por Tonelada de Registro Neto (TRN) y para el cabotaje nacional, una tarifa de $ 2,25 por TRN.
Hidrovía tiene que presentar el proyecto de aumentar el dragado (36 pies desde Puerto San Martín y 28 pies desde Santa Fe). Recién cuando se complete la profundización, podrá aumentar el peaje. Extraoficialmente se dice que ya tendrían el estudio de factibilidad listo.
El aumento de la tarifa por la mayor profundización no asusta a los usuarios, ya que saben que se compensará con el ahorro de flete que generará la posibilidad de que los buques salgan más cargados por los puertos del interior. Es más, hay muy buena opinión de los usuarios de a calidad del servicio prestado por Hidrovía SA, algo poco usual en las concesiones.
El gobierno le transfiere al Concesionario 180 personas pertenecientes al plantel del personal embarcado de la Dirección Nacional de Vías Navegables.
Fuente: Punto Biz
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Objetivos y misión
El objetivo de este encuentro es Concientizar y Profundizar el desarrollo del sistema portuario fluvial argentino en lo relacionado a sus principales vías navegables (ríos Paraná, Paraguay y Uruguay) y sus diferentes problemáticas (navegabilidad, dragado, seguridad, desarrollo e inversiones). Desde la visión pública y privada de la misma, como desde el análisis estratégico de las importantes vías navegables de la región.
El desarrollo del transporte fluvial es un reclamo histórico y una necesidad permanente que debemos apuntalar desde el interior para hacer más competitiva nuestra producción y atraer inversiones que revitalicen nuestras economías regionales. Con el frente fluvial argentino óptimo para la navegación, hay regiones enteras que romperían el aislamiento y otras que aumentarían su ritmo de crecimiento.
Para esto es clave que propiciemos encuentros permanentes y periódicos para que los actores del sector tengan un marco para el debate y puedan colocar esta problemática en la agenda pública, convirtiendo al tema en una verdadera cuestión de Estado al margen de la coyuntura política.


















































